ATAQUE CONTRA LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Piden repudio de la Legislatura e
informes al Ministerio de Gobierno
La legisladora Beatriz Contreras señaló que el episodio implica un atentado contra la vigencia del estado de derecho. Señaló que el área que conduce Gladys Cofré no cuenta con ningún tipo de seguridad y pidió respuestas a Diego Larreguy.
Después del ataque del que fue objeto la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Río Negro, la legisladora Beatriz Contreras solicitó que la Legislatura en pleno exprese su repudio al hecho e impulsa un pedido de informes al Ministerio de Gobierno. En particular, la barilochense quiere saber de qué manera esa dependencia gubernamental garantiza la seguridad del área que conduce Gladys Cofré.
Los destrozos que manos todavía anónimas provocaron en la cartera gubernamental también afectaron a las oficinas del Comité Antiimpunidad y al Archivo Provincial de la Memoria. La magnitud del daño “motiva el más intenso repudio hacia los hechos perpetrados y todo lo que ello puede llegar a significar hacia la institucionalidad de la vida en democracia, hacia la lucha contra la impunidad y por la vigencia de los derechos humanos”, expresó la representante del Frente Grande.
Contreras preside precisamente, la Comisión de Derechos Humanos en el parlamento provincial. Además de solicitar un repudio del cuerpo en su conjunto, impulsa un pedido de informe con destino en Diego Larreguy, “sobre la debida provisión de equipamiento y seguridad, incluyendo serenos y personal policial que deben tener tanto el edificio, sus oficinas como su personal”.
Según la legisladora, “provisión de la que actualmente carece por completo”. Recordó además que de esa “seguridad también dependen todos aquellos denunciantes y testigos que hacen a las causas que tramitan estos despachos”. La ex concejal de Bariloche destacó que “el hecho no se circunscribe a los destrozos materiales. Además de éstos, esta vez se llevaron los CPU de las computadoras de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Programa de Lucha contra la Impunidad. La información contenida en ellos es altamente sensible y en muchos casos de carácter reservado y documentación teórica, conceptual y todo lo complementario que tiene que ver con lo administrativo”.
Estimó Contreras que “el trabajo humano de varios años se perdió, esperemos que momentáneamente en esta ocasión. Si bien es pasible de reconstruir, ello llevará mucho tiempo y esfuerzo”. Puntualizó que “en el caso del CPU del Programa de Lucha contra la Impunidad están todas las causas por delitos penales graves acaecidos en jurisdicción provincial y se estaba realizando el análisis comparativo con documentación del Poder Judicial para actualizar las mismas”.
Señaló a propósito que “el tema de los derechos humanos no es una cuestión de moda, tiene que ver con la pervivencia del sistema democrático, pues es una cuestión filosófica básica que permea (sic) la totalidad de las actividades y de las esferas de gobierno. Es la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad lo que tutela a los ciudadanos de los abusos que desde el poder del Estado se puedan ejercer. Es la defensa primaria de la democracia, de la vida misma en democracia y de la vida misma regida por un estado de derecho”, manifestó.
EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA LEGISLATURA
Logró dictamen la Guía para la
Atención de los Abortos No Punibles
El tratamiento de la iniciativa se aceleró después del papelón que protagonizó la última semana el Ministerio de Salud de la Nación. La titular de ese ámbito legislativo destacó que “en este tema hay que ser muy cauteloso”.
La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro brindó dictamen favorable a un proyecto de ley que adopta la Guía para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, que promueve el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La iniciativa se trató a una semana del auténtico”blooper” que protagonizó el ministro de Salud de la Nación, Juan Manssur.
Como se recordará, los medios de alcance nacional informaron siete ocho días atrás que a través de una resolución de la cartera en cuestión, quedaba en vigencia el protocolo en cuestión, de adopción obligatoria. Al día siguiente de trascender la información, el funcionario negó que hubiera firmado la normativa en cuestión. Justamente, esas idas y venidas precipitaron el tratamiento en la Legislatura de Río Negro.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Marta Milesi, señaló que se volvió a abordar el proyecto a raíz de la revitalización de la discusión. “En este tema hay que ser muy cauteloso, porque con una declaración jurada bastaría, pero si estuviese despenalizado el aborto y en Argentina no lo está. Entonces lo que se necesita demostrar para que se pueda realizar una intervención de este tipo en los hospitales públicos es la violación, que es el único aborto que está permitido”.
La legisladora destacó que los hospitales públicos de Río Negro cuentan con una serie de normas que establecen los procedimientos a seguir cuando una mujer llega al nosocomio después de padecer una violación o acosos sexuales. “Con este conjunto de medidas y con la Ley de Anticoncepción de Emergencia, es posible medicar a las mujeres y de esta forma se impediría que queden embarazada. Esto es muy importante y se conoce muy poco”, lamentó Milesi.
Explicó que con el proyecto que logró dictamen, se establecería por ley la vigencia de la guía técnica que se creó en 2007. “La Comisión le dio dictamen a esta iniciativa para darle más jerarquía a esta guía técnica, elaborada durante la gestión del ex ministro de Salud, Ginés González García”, indicó. La propuesta se complementará con otra que también trata sobre el aborto no punible, de la autoría de Milesi y de la legisladora María Inés García.
En otro orden, el mismo ámbito legislativo recibió a dos referentes del área de Salud Materno Infanto Juvenil de Río Negro, con el objeto de tratar la iniciativa que propone la adhesión a la ley nacional que creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Milesi consideró importante la adhesión para contar con un marco legal “que de alguna manera hoy está faltando”. Explicó que la idea es seguir con el tratamiento del proyecto que impulsa Silvina García Larraburu (PJ) para enriquecerlo, en base al informe que dieron los representantes del Ministerio de Salud.
Crearán comisión interprovincial de las
cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro
La Legislatura rionegrina avaló hoy en primera vuelta la creación de una comisión interprovincial de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, con el objetivo de su gestión sustentable, preservación y saneamiento.
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| Luis Bardeggia. |
Entre otras funciones, el cuerpo se encargará de compatibilizar los marcos legales de las provincias de Río Negro y Neuquén en los temas de preservación, remediación y uso de las cuencas, analizar objetivos y políticas para la preservación ambiental; y proponer su implementación a los respectivos Poderes Ejecutivos provinciales.
Además, suscribirá convenios de cooperación y asistencia técnica con universidades públicas nacionales y provinciales, con organizaciones no gubernamentales que posean personería jurídica y con organismos internacionales; realizar campañas de concientización ambiental dirigidas a la población de ambas provincias.
También creará un sistema de información, que incluya los existentes, actualizado y de libre acceso al público, sobre la situación sanitaria y ambiental de las cuencas Hídricas.
Según la iniciativa, la Comisión buscará abordar la problemática en forma intersectorial e interdisciplinaria y realizará gestiones ante organismos nacionales e internacionales para obtener financiamiento.
Integrarán el cuerpo legisladores rionegrinos, neuquinos, un integrante de la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), y uno de la Provincia de Buenos Aires. Todos ejercerán sus funciones ad honorem.
El impulsor del proyecto, Luis Bardeggia, explicó -a través de una gacetilla de prensa- que en la Cámara que la iniciativa surgió de las inquietudes planteadas por vecinos de los barrios Labraña, Tres Luces y Puente de Madera de Cipolletti, de grupos autoconvocados que llevaron adelante acciones específicas, amparos ambientales, debido a que padecían consecuencias en virtud de conflictos ambientales provocados por la contaminación de las aguas.
El titular de Foro Rionegrino fundamentó que el proyecto busca como objetivo de fondo revisar todo el marco legal existente relacionado con la problemática, y plantear interrogantes en forma conjunta con otras legislaturas.
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